Las ART desplazaron al ramo automotor del primer lugar en el ránking de juicios. Las claves del escenario judicial del mercado asegurador. Análisis y tendencias.

por Por Elena Peralta

Nos vemos en Tribunales". No es una frase hecha, sino la realidad en la que terminan muchas pólizas. Los litigios vienen aumentando en la industria aseguradora. Los datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y los indicadores de las principales firmas contabilizaron 425.000 juicios y mediaciones a septiembre de 2014, 12,9% más que en el mismo mes de 2013.

Las ART se llevan la peor parte. "Poseen un 25% de participación en el mercado en primas emitidas, pero son responsables del 50,5% de los juicios y mediaciones. La siniestralidad del ramo alcanza el 92%", dice Leandro Canosa, gerente Técnico de Gaman. "La judicialización crece", asegura Marcela Botta, del estudio Nicholson y Cano. La abogada calcula que los conflictos del ramo atendidos por su oficina en 2014 aumentaron un 40% frente a 2013. "Preocupa porque implica un encarecimiento del siniestro promedio para las compañías y un problema de previsión para establecer una estrategia a largo plazo", dice Canosa.

"El peso de la litigiosidad sobre el mercado del trabajo es altísimo. El sistema de ART transita un serio contexto de costos contingentes impredecibles que atenta contra la solvencia y calidad de servicio de todo el sistema", afirma Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradores de Riesgos del Trabajo (UART). La ejecutiva asegura que, aunque el sistema de ART logró disminuir los accidentes de trabajo, paradójicamente, no para de recibir demandas judiciales. "El sistema de riesgos del trabajo cubre a 9,2 millones de trabajadores y a 1,3 millón de empleadores (contando a los particulares que hacen los aportes del personal doméstico). De producirse un siniestro, atiende al damnificado desde el minuto cero. La morosidad es de 4,4%. Desde su implementación, los accidentes fatales se redujeron 65%, habiendo evitado 6.849 muertes. Hoy, atiende una media de 600.000 casos y brinda 2 millones de prestaciones asistenciales. Pero la litigiosidad crece", detalla Bettiol.

En alza

La suba es exponencial. En 2014 hubo 87.803 demandas, 12% más que en 2013, según la UART, cuando las presentaciones habían crecido 22% ante 2012. El aumento de litigios contra las ART se disparó con la nueva ley de riesgos de trabajo (26.773), reglamentada en 2012, señalan fuentes del mercado. La norma establece una suba en las indemnizaciones.

Los abogados advierten que el alza en las compensaciones no sería lo más complejo. Desde 2012, la ley establece que los juicios a los empleadores deberán cursarse en el fuero civil. Los litigios para las ART, en cambio, siguen tramitándose en el laboral. Quienes llevan la carga del juicio son las aseguradoras.

"El efecto de la ley es contraproducente: corre a los empleadores de las acciones legales y las ART terminan pagando los platos rotos", afirma un letrado con experiencia en juicios laborales. "Los juicios civiles tienen otro cariz. Hay un proceso más engorroso para demostrar las lesiones y la mayoría de los estudios que representan a empleados tienen el know-how acerca de cómo conducirse en la justicia laboral", dice Marcelo Rodríguez, del estudio Gustavo Costas & Asociados.

El fuero laboral es más ?amigable? a las demandas iniciadas por empleados y casi, por naturaleza, es más proclive a fallar a su favor. "Finalmente, la demanda civil al empleador se deja de lado y las acciones se interponen en contra de la ART", agrega Rodríguez.

Hacerle juicio a la aseguradora es más impersonal que enfrentarse al empleador. "Hay una creencia generalizada a la que recurren los abogados que representan a los supuestos damnificados que es ?hacé juicio, total paga la ART?. Esto es falso: las empresas y la relación con el empleado también se resiente", dice Víctor Varone, socio de Iezzi- Varone.

Botta coincide: "Si una empresa tiene un índice de siniestralidad o de litigios alto, aunque no sean juicios contra ella, cuando se siente a renegociar la póliza con la ART, va a tener que pagar una póliza más cara y también va a recibir más inspecciones".

En el área de ART del bufete Silva Ortiz, Alfonso, Pavic & Louge estiman que entre 2010 y 2014 los juicios y mediaciones vinculados a riesgos de trabajo aumentaron 150%. "Las actividades con mayor incidencia siniestral son la construcción, el agro y la industria", dice Diego Silva Ortiz.

El mecanismo no ahorra detalles burdos. "Los caranchos existen", dice Varone. En Tribunales, coinciden en que hay estudios, de los denominados ?bolseros?, en la jerga letrada, que esperan a potenciales clientes a la salida de las clínicas que habitualmente trabajan con las ART. Al menos dos de los estudios consultados por Seguros cuentan la anécdota de promotoras repartiendo volantes a los que salen de atenderse por un accidente laboral. Cualquier coincidencia con la película de Pablo Trapero es pura realidad.

El trámite ante un accidente laboral está establecido en la ley, pero no evita que la industria del juicio se reproduzca. "La norma establece parámetros. Los daños y discapacidades remanentes de un accidente o de una enfermedad están tabulados en un baremo que se integró a la ley, como referencia obligatoria. Y que establece contingencias y prestaciones precisas y predeterminadas", explica Bettiol.

El problema aparece cuando la ART determina el porcentaje de discapacidad. "Casi siempre los damnificados, asesorados por sus letrados, reclaman más puntos de los que establecieron los médicos de la ART", dice Botta.

La intimación se hace ante la aseguradora y no ante el empleador, para evitar las complicaciones del juicio civil. "Es mucho más burocrático y el abogado de la parte damnificada tiene menos injerencia en el peritaje que en el fuero laboral. Y los puntos de indemnización se calculan diferente", agrega Rodríguez.

En la tabulación del porcentaje de discapacidad intervienen la edad, el oficio y el salario. Un punto de incapacidad en el fuero laboral arranca en $ 6.200. En el civil puede ser de entre $ 3.000 y $ 4.000 y es más complicado de probar. En la práctica, aseguran los representantes legales de las compañías, significa un remís pago a la justicia laboral y una carta documento a la ART.

Los jueces laborales, se dice en el mercado, son más proclives a fallar a favor del empleado que de la ART. A pesar de que la nueva ley de riesgos de trabajo establece cánones claros, la diferencia entre caer en un juzgado o en otro es grande. "La falta de previsibilidad en las sentencias preocupa, sobre todo, en el interior. Obedece a la falta de conocimiento sobre el mercado asegurador. No hay previsibilidad basada en una norma, sino en la experiencia de frecuentar un fuero o jurisdicción", admite Martín Argañaraz Luque, del estudio Allende & Brea.

El letrado coincide en que, a pesar de que la ley intenta unificar criterios, no se puede hablar de un valor uniforme del punto de incapacidad. "Salvo algunos casos especiales, como las indemnizaciones tarifadas de la LRT, o la aplicación de la fórmula Marshall en Córdoba, la indemnización depende de las particularidades del caso. Incluso, a veces, hablar de un valor ?X? del punto de incapacidad puede llevar a una postura rígida que dificulte la transacción", dice Argañaraz Luque.

Según la UART, en 2014 la mayoría de los casos se inició en la ciudad de Buenos Aires, con una suba anual del 27% y una participación del 40% en el país. En la provincia de Buenos Aires, las presentaciones bajaron 9%. Los juicios iniciados en territorio bonaerense representaron 17%. Le siguieron las provincias de Santa Fe, Córdoba y Mendoza. "Cada jurisdicción tiene sus particularidades. Córdoba es compleja. Cruzando la General Paz, los procesos son más extensos, pero la jurisprudencia de la Suprema Corte unificó la aplicación de la tasa pasiva", dice Argañaraz Luque.

Para José Zambrana, presidente de DDN Central de Seguros, el crecimiento desmedido en algunas jurisdicciones está estrechamente ligado al fraude. "A veces, no tiene tanto que ver con que el nivel de siniestros sea mayor, sino porque el sistema de reclamos está más aceitado. Hay provincias más litigiosas. En un momento lo fue Mendoza", explica.

El resto del mercado

Las ART son un actor nuevo en el panorama judicial de las aseguradoras y desplazaron al ramo automotor del primer lugar en el ránking de litigios. Según la SSN, Automotores concentra más del 60% de los juicios y mediaciones que no comprenden riesgos de trabajo. En segundo lugar (16%), las acciones por siniestros en el transporte público de pasajeros.

La situación para las aseguradoras de automotores es distinta a la de las ART. "La cantidad de juicios crece, pero también el parque automotor. Es al revés de lo que sucede con los riesgos de trabajo. También hay algunas contingencias, como el robo de elementos importados o la sustracción de ruedas", dice Rodríguez.

Varone coincide: "Las aseguradoras de automotores tienen el know-how para las valuaciones y para determinar si hubo fraude". Otra diferencia es cómo se tramitan: los reclamos por daños en los vehículos, casi siempre, se gestionan dentro las compañías.

Las demandas por accidentes de tránsito toman curso en la justicia civil. Los peritajes son más burocráticos y los puntos por discapacidad menos onerosos que los que pagan las ART en la demanda laboral. Un punto de incapacidad por un siniestro de tránsito arranca en $ 3.000, la mitad que uno por un accidente laboral.

Muchas de las acciones legales no llegan a última instancia, sino que termina en acuerdo extrajudicial. Todo depende de la política de la compañía pero la mayoría prefiere arreglar. "Las aseguradoras más solventes y activas en la administración de estos problemas resuelve normalmente los reclamos mediante acuerdos extrajudiciales, en la medida en que la pretensión sea razonable", dice Sergio Alfonso, de Silva Ortiz, Alfonso, Pavic & Louge.

La política de regateo entra en las generales de la ley. "Las demandas suelen iniciarse por montos abultados, ajenos en la mayoría de los casos, no solo a los valores de las transacciones, sino también de las sentencias", explica Argañaraz Luque.

Sentados en el despacho de los abogados de la firma, demandados y demandantes parten diferencias. "Casi nunca, los representantes de los damnificados están de acuerdo a la valuación de la incapacidad que propone la aseguradora y piden montos mayores. Pocas veces tienen problema en arreglar una cifra menor. A ninguna de las partes le conviene un juicio", agrega Botta.

La duración de una causa no es menor a dos años. En algunas jurisdicciones, puede llegar a cuatro o cinco. "En general, los damnificados privilegian cobrar una cifra razonable temprano que una abultada tarde", dice Botta.

Las firmas no suelen pensarlo demasiado. "Un juicio largo es caro, su resultado es incierto y las aseguradoras venden confiabilidad. No pueden darse el lujo de perder imagen por un alto índice de judiciabilidad", agrega.

El mayor capital de las aseguradoras es adelantarse. "El abogado tiene que llegar antes que el SAME", dice Varone. En su estudio, implementa un servicio de asistencia las 24 horas. Su equipo empieza a actuar en cuanto la firma recibe el aviso del siniestro. "Tenemos que adelantarnos. La mejor estrategia contra el fraude es estar antes de que se produzca", concluye.

(*) Publicado en cronista.com el 08 de abril de 2015